“Me han tomado como bandera en un caso emblemático de corrupción, para decirle al país: miren, aquí tenemos a un gran corrupto preso”
El miércoles 5 de enero de 2005, el general de Brigada (Ej.) Delfín Rafael Gómez Parra, decide dirigirle un oficio al presidente Hugo Chávez Frías.
Es un escrito breve, conciso, de apenas cuatro páginas y dos líneas.
Lo hace en términos lo más respetuoso que puede, pero aún así, y, sin ocultar la inmensa presión que siente, se cuida de no echar mano a frases rebuscadas. La palabra revolución, por ejemplo, no aparece por ningún lado. No hay en sus líneas una queja, aunque sintiera que el mundo se le venía encima, ni un halago oportunista hacia el comandante, pese a que, lo sabía bien, tenerlo de su lado habría significado su definitiva salvación, en momentos en que muchos en su entorno se concertaban para hundirlo, o triturarlo, quizá, en los trapiches de un central más llamado a moler corruptelas y pagos indebidos que caña de azúcar.
“Me dirijo a usted con la finalidad de informarle de ciertos acontecimientos sucedidos en la población de Sabaneta de Barinas, en la construcción del Central Azucarero Ezequiel Zamora”.
Así se dirige a Chávez. Con respeto, y distancia.
Eso de “ciertos acontecimientos” debió haber preparado al destinatario de la carta. Y una palabra, un nombre, Sabaneta, su tierra natal, donde su propio padre es el gobernador, cuántas prevenciones a flor de piel debieron haberle brotado al instante. Cuántos cabos atados, con un solo impulso.
Lo que seguía en la correspondencia estaba lejos, ciertamente, de ser una cuenta rutinaria por parte del primer comandante del 62 Regimiento de Ingenieros de Construcción y Mantenimiento General de Brigada Luciano Urdaneta, responsable, según convenio interinstitucional, de los trabajos del movimiento de tierras en las áreas destinadas a la ejecución del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, Caaez.
El general Gómez Parra pasaba a enunciar de seguidas el motivo, su único y engorroso motivo.
Plantea, de entrada, que para la designación del mayor (Ej.) Orlando Herrera Sierralta como encargado de la construcción del ingenio azucarero, había sido tomada en cuenta su participación en obras realizadas por Fondur. La misión de Sierralta, advierte, era la de reunir un equipo de profesionales y coordinar todo lo relacionado con el proyecto, junto a la directiva del Caaez y los “asesores cubanos”.
Todo, aparentemente, marchaba sobre rieles. Las empresas contratadas ejecutaban los trabajos encomendados a satisfacción de las partes. El personal técnico del Regimiento las verificaba, en conjunto con el Caaez y el jefe de los asesores cubanos, Jesús Reyes. El mayor Herrera Sierralta solicitaba, semana a semana, los cheques respectivos.
Pero a pesar de que en julio de 2004 el encargado de la obra había informado que no existían deudas con las empresas contratadas, un mes después reportó compromisos pendientes por 400 millones de bolívares, sin relacionarlos, según el recuento que el general se apresuraba a poner en conocimiento del Presidente. Además, el citado oficial solicitaba un pago de nómina integrada por 70 personas, por un monto en consecuencia superior al mantenido hasta entonces. Al trasladarse al lugar el capitán Franklin Castillo, confirmó que en el sitio sólo había 11 trabajadores.
Ese fue un oportuno pitazo. El resultado de una auditoría ordenada de inmediato fue pavoroso, enteraba el general al mandatario. La comisión, compuesta por el jefe del Estado Mayor del Regimiento de Ingeniería, dos ingenieros y un contador, detectó el “cobro de porcentaje sobre el monto de la obra a las empresas contratadas”, la “contratación de una empresa perteneciente al grupo familiar”, y la cual “estaba trabajando sin autorización del Caaez”. Igualmente, firma de contratos sin autorización ni conocimiento del Comando, manejo de nóminas falsas, pago a una empresa por una obra realizada con personal y maquinaria del Regimiento de Ingenieros. Apropiación de equipos de oficina adquiridos para ser utilizados por el personal técnico, así como de la madera proveniente de la deforestación del terreno sobre el cual se levantaría el central.
La retahíla sigue:
“Utilización de recursos de la construcción del Central en otras obras, sin conocimiento ni autorización del Comando. (Remodelación de ambulatorio en la zona y acondicionamiento de la sede del Comando Maisanta)”.
El general Gómez Parra reforzaba sus argumentos, diciéndole al Presidente que tenía en su poder tres informes sobre “los hechos”, uno de ellos realizado por el ingeniero Gerardo Márquez, Gerente de Inversiones del Caaez. Otro, de fecha 3 de octubre de 2004, fue elaborado por los trabajadores de la empresa Viapeca, quienes se quejaban del incumplimiento en el pago de sus salarios.
“Muy respetuosamente solicito sea conducida una investigación técnica por un organismo competente de acuerdo a las leyes y reglamentos de la República”, dice en la parte final de su misiva, el alto oficial.
Irónicamente unidos
En el “área especial” de la cárcel de Los Llanos, en Guanare, donde está recluido el general, de vez en cuando se tropieza con el mayor Herrera Sierralta, quien una vez fue persona de su absoluta confianza. Es uno de los errores que el general admite abiertamente. Haber confiado demasiado. Ahora ambos están procesados por el mismo caso. Unidos y enemistados a la vez dentro de los complejos entretelones de un mismo escándalo. Para él apenas es un detalle dentro de la descomunal ironía del dilema por el cual atraviesa.
―¿Qué hace usted al verlo? ―no resistimos la curiosidad de preguntarle.
―Nada, es como si no lo viera.
―¿Fue el mayor Herrera Sierralta quien lo denunció a usted?
―El mayor Herrera Sierralta me acusó de que, según él, yo lo estaba persiguiendo, lo estaba hostigando. Nada más alejado de la verdad.
El general no puede declarar a la prensa en la cárcel. Lo tiene expresamente prohibido. La orden es clara. Nada de periodistas.
Por eso, sin la posibilidad de tomar nota, ni de grabar, la conversación se da por otras vías. “Yo acataré esa orden porque como militar la disciplina es algo que llevo por dentro. No pasaré de la raya”, dice.
Su narración prosigue así:
―Llevo dieciséis meses preso, sin haber sido imputado siquiera. Incluso, antes de que se dictara la orden de aprehensión, yo me presenté a la DIM y me entregué, a sabiendas de que soy inocente. Yo introduje la denuncia de los hechos, aún antes de que la Inspectoría General del Ejército me llamara, por las acusaciones del mayor Herrera Sierralta.
―¿Usted es acaso el nuevo chino de Recadi?
―Me han tomado como bandera en un caso emblemático de corrupción, para decirle al país: miren, aquí tenemos a un gran corrupto preso.
―¿Qué espera de la justicia?
―Eso mismo: ¡justicia! Aquí se ha violado una serie de leyes y reglamentos. Todos los jueces, doce o trece, se han inhibido, por miedo a contradecir la orden dada desde arriba. Me trajeron hasta acá desde Barinas, en un procedimiento arbitrario de la Disip, en horas de la noche, sin una notificación formal ni la presencia de mis abogados. Yo no voy a pedir una suite presidencial ni que me trasladen en una limusina. Pero no aceptaré irrespetos. Soy general y lo seré hasta que muera.
―¿Le respondió el Presidente la carta que usted le envió?
―No, ni tampoco el general Raúl Isaías Baduel una que le envié antes (20 de diciembre de 2004), en los mismos términos. Por cierto, nada de eso aparece en el expediente. Nada que me favorezca fue incluido. Yo le pido al Presidente que revoque la orden de fusilamiento que dio en mi contra públicamente en uno de sus programas. Él, que constantemente habla de magnicidio, le dijo al periodista Eleazar Díaz Rangel que si tuviera la potestad de fusilarme lo haría. Presidente, en mi proceso, los organismos no tomarán una decisión distinta a la suya. La orden es condenarme con o sin pruebas. En la experticia contable, un informe elaborado por unos expertos, no se manifiesta que en mi actuación haya habido dolo alguno. La Fiscalía, qué cosa, tampoco asienta esa conclusión a mi favor.
―¿Cuándo surgió su calvario?
―Cuando una empresa quiso cobrar unas obras que no había hecho, y yo no autoricé el pago de los cheques. Les coloqué el sello “anulado”. Todo el trámite venía firmado por los ingenieros inspectores, ¡por todo el mundo! Ahí comenzó el desastre. Nadie ha investigado a la directiva del Caaez, encabezada por el después ministro Antonio Albarrán. Todo el peso de la investigación recayó en mí. La directiva del Caaez escogía las empresas y el Caaez no autorizaba ni medio si antes no inspeccionaban y verificaban las obras. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional encontró responsabilidad política en Albarrán, en los cubanos y en mí. No sólo en mí. Yo pido a la justicia que averigüe bien, y que si me consiguen alguna prueba, que me quiten la cabeza. Pero que averigüen bien. Sólo eso.
―¿Lo llamaron a usted sus superiores para que pagara los cheques objetados?
―Me llevaron a la Comandancia General del Ejército. Me negué.
Confesión de la esposa, Tahianny Pisani de Gómez
Sólo buscan el silencio
Tahianny Pisani de Gómez es una mujer alta, delgada, re
suelta. Con un temple fiero que ella aclara es reciente, sólo de hace un tiempo para acá.―Mire, en lo que me han convertido. Yo no era así ―dice, llevándose las manos al rostro, como si no se reconociera en la persona que ahora es, a la vuelta de unos años recorriendo cárceles, tribunales, oyendo acerca de intrigas, viéndolas de cara a cara, palpándolas, sufriéndolas, y constatando cada vez con menos asombro todas las vueltas que es posible darle a una verdad, a una evidencia, a lo irrefutable. Y comprobando, aunque parezca una redundancia, sin serlo, cuan bajo pueden llegar las bajezas.
La acababan de desnudar, obligándola además a colocarse en posición de cuclillas, en la revisión previa para el encuentro dominical con su esposo, el general Gómez Parra.
Por encima de su sollozo, de una vez coloca el valor al que se sabe obligada.
―Fíjese, no me revisaron el bolso. Yo pude haber entrado con un arma. Pero de manera grosera, bochornosa, humillante, me trataron como la mujer de un delincuente. La idea era humillarme. La funcionara exigió que me agachara porque según ella podía traer algo en mis partes.
―¿A qué atribuye la desgracia en que ha caído su esposo?
―Qué más emblemático para un gobierno, como aval de lucha contra la corrupción, que tener a un general preso. ¿Dónde está la gente del Caaez, que tenía injerencia directa sobre los fondos, que avalaba las obras y verificaba que estuviesen debidamente culminadas? Para poder generar anticipos a las empresas que ellos contrataban, debían autorizarlo ellos. ¿Dónde está Albarrán?, ¡cosa extraña! Una empresa de buenas a primeras aparece cobrando 1.300 millones de bolívares, como si hubiera hecho una obra de canalización y rectificación de Caño de Oso, cuando esos trabajos los había hecho ya mi esposo con personal y máquinas del Regimiento. Por eso mi esposo no autorizó el pago. La junta directiva del Caaez no ha sido investigada. A ver, ¿quién tendría que estar en el banquillo de los acusados?
―¿Podría contar qué pasó en el seno familiar, cuando el presidente Chávez sugirió que su esposo pudiera merecer el fusilamiento?
―Todos, como era domingo, estábamos en casa, sin planes para salir. Sin despertarnos de un todo, sobre mi cama veíamos la televisión: mi esposo, mis hijos y yo. Chávez estaba en la pantalla y todos escuchamos, juntos, perplejos, esa increíble barbaridad. “Si pudiera fusilarlo…” Eso generó un daño emocional grave en mis hijos. Desde entonces yo, que soy sicólogo clínico, no he logrado que el menor duerma solo, en su cama. Entonces tenía nueve años, y ahora once. Como tiene el mismo nombre de su padre, dice que teme que un día de estos lleguen buscándolo, para fusilarlo. Mi hija, que tiene ahora dieciséis años, salió corriendo a la calle en pijamas, sin saber qué hacer. ¿Eso no es un delito? ¿Cómo se llama eso, dígame usted? ¿No está penado por el Cedna? Yo no sabía cuál crisis atender primero, si la de un hijo, la del otro, la de mi esposo, la mía. ¡Qué drama, Dios!
―¿Usted era chavista?
―Cómo no. Yo creía que ese señor había sido elegido por la Providencia para hacer las cosas mejor, como todos los venezolanos lo habíamos deseado. Progreso, igualdad de oportunidades, mejor sistema de justicia. Hoy los órganos administradores de justicia en el país están arrodillados a los deseos del presidente Chávez. Su sola voluntad de fusilar a mi esposo fue una línea dictada. Que le corten la cabeza. Así en consecuencia han actuado. Pero, ni siquiera él está imputado ahora. Lleva dieciséis meses, no bajo privativa de libertad sino secuestrado. Una comisión de la Disip lo trasladó hasta Guanare a la fuerza, de noche, sin testigos. El propósito es silenciarlo, evitar a toda costa que algún día se sepa la verdad. Por eso es que digo que mi esposo corre peligro de muerte. Ahora, si están tan seguros de que él se robó 3.217 millones de bolívares, ¿por qué yo no tengo, también, una medida privativa de libertad? Ese dinero tendría que estar disfrutándolo yo. Yo soy cómplice de mi esposo en lo que salga. Sé que estoy luchando contra un monstruo, pero pido una medida privativa de libertad en mi contra, como cómplice. Vengan a ver dónde vivimos. Mi esposo no es un corrupto. Estamos en la misma casa desde hace once años, en Carrizal, estado Miranda. Ni siquiera la tengo terminada. Tuve que vender mi carro para pagar abogados.
¿De qué acusan al general?
El general Delfín Gómez Parra, aún activo, el mayor Orlando Alonso Herrera, el capitán Franklin Castillo y Juan Carlos Herrera, civil, están presos acusados de tres delitos: peculado doloso impropio, malversación genérica y concierto de funcionarios con contratistas.
Los fondos supuestamente desviados formaban parte de una partida de 3.500 millones de bolívares, aprobada en el año 2001 para la construcción de un complejo azucarero en Barinas.
El entonces ministro de Defensa, Orlando Maniglia, dijo que a los implicados les habían abierto "consejos de investigación" y que la averiguación castrense, concluida en junio de 2005, determinó que los oficiales incurrieron en "falta de supervisión y de control" de los fondos públicos. También los acusan de "contratación de familiares y emisión de cheques sin fondos".
La Asamblea Nacional acordó que en el caso hubo "desorden administrativo". En el expediente evaluado por la Comisión de Contraloría aparecen pagos autorizados por el 62 Regimiento a particulares, que, advirtieron los parlamentarios, jamás trabajaron en las obras del Caaez.
Un caso sería el de la empresa presidida por Jiray Vicente Gómez, que habría recibido un cheque por Bs. 84.629.567,67. Una constructora a la que nadie vio por allí, habría cobrado 342.624.870,64 bolívares.
Hay facturas que aparecen pagadas, pero las empresas a las que pertenecen los depósitos niegan haber recibido un céntimo.
Manuel Gómez Parra, un hermano del general, es señalado de haber cobrado sin trabajar. Pedro Carreño, diputado para la época, aseguró que del presupuesto del central extrajeron Bs. 45.144.500 para adquirir una camioneta marca Ford, modelo Fortaleza, color negro, placas 97V-GAT, a nombre de Manuel Gómez Parra, en el concesionario Auto Center de Socopó, estado Barinas.
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